Este país que padecemos, en ocasiones, saca a relucir toda su mediocridad sin ningún tipo de prejuicios. Sin duda, un ejemplo paradigmático que está inundando nuestra actualidad lo constituyen las feroces críticas que reciben determinados jueces. La cacería del juez incómodo ya se cobró una víctima notable hace unos meses: el juez Garzón, quien independientemente de algunas críticas más o menos fundadas a su forma de actuar, hasta la fecha continúa siendo la única víctima sentenciada del caso Gurtel.
No importa el color político del encausado, la táctica es muy similar en todos los casos. Aunque para ser del todo honestos, la balanza está muy inclinada últimamente hacia la derecha política y mediática.
Hemos vivido numerosos bochornos judiciales, como por ejemplo ese disparatado procesamiento del ínclito Carlos Fabra, en el que se han sucedido infinidad de circunstancias que han retrasado de manera intolerable dicho proceso; también hemos padecido algunas sentencias aparentemente incomprensibles para el común de los mortales que han suscitado diversos grados de polémica; sin embargo, lo que estamos padeciendo en estos últimos meses es incluso más grave.
Me refiero, por supuesto, a la horrible presión política y mediática que están recibiendo algunos jueces que instruyen casos en los que están involucrados, habitualmente por corrupción, cargos públicos. Ejemplos los hay a docenas, pero entre los más sonados podríamos recordar al juez José Elpidio Silva en el caso de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid; o el del juez Pablo Ruz en el caso Gurtel y en el de lo papeles de Bárcenas (a quien ya se le ha recordado de diversos modos su interinidad); en el otro lado político, tenemos el caso de los EREs en Andalucía instruido por la juez Mercedes Alaya; o el que en la actualidad ocupa todas las portadas, el del juez José Castro que ha osado imputar a la Infanta Cristina.
Todos estos casos presentan notables coincidencias. En primer lugar, los implicados e imputados lo son por diversos actos relacionados con tramas corruptas, y la respuesta de los mismos y de sus respectivos coros de medios incondicionales, la misma: lo primero que se hace es dudar de la honestidad del juez que juzga el caso. Se les acuse de ansia de notoriedad, de horrorosos errores en la instrucción de sus casos, de la ausencia de respeto hacia el principio de inocencia, de supuestos intereses políticos, y de no sé cuantas cosas más. Posiblemente si buscásemos más detalladamente en la hemeroteca descubriríamos que alguno de estos jueces mató a Manolete.
Un ejemplo paradigmático es la siguiente portada de la Razón en la que el encabezado "El auto del Castrismo" denota la más absoluta carencia de cualquier tipo de ética informativa al confundir de manera tan bochornosa el tocino con la velocidad. Semejante disparate, que lamentablemente a algunos les habrá resultado gracioso, debería estar penado con un tiempo en la nevera para el periodista responsable o para todo el periódico entero, como se hace con los árbitros de fútbol que se equivocan gravemente.
Parece que como la táctica funcionó con el juez Garzón, se ha abierto la veda de caza para el juez incómodo. No faltan los palmeros pelotas que aplauden esta barbaridad. Es decir, a quien parece que se está juzgando es a los propios jueces, en lugar de a los acusados, que lo están por gravísimos delitos, independientemente de quienes sean y a que partidos o sindicatos pertenezcan. Los editoriales de los periódicos y las tertulias televisivas tratan más en profundidad la idoneidad de estos jueces que el delito de los acusados.
Sinceramente, puede que en un ejemplo aislado, el juez instructor de cualquiera de estos casos, se equivoque gravemente, puede que incluso hasta de manera intencionada; Pero ¿en todos, todos los jueces a la vez y de la misma manera?. Para cualquier persona con dos dedos frente, creo que la respuesta más evidente es un NO rotundo.
La explicación más razonable a todos estos horribles acontecimientos es que los imputados en estos delitos, que suelen ser individuos con bastante poder, emplean todos los medios que tienen a su alcance para defenderse. Es lógico. Y entre estos medios está el acoso y derribo al juez que los está juzgando. Esto es tan viejo como la humanidad. Además, estas personas, gracias a su situación de poder disponen de diversos resortes políticos y mediáticos muy potentes para multiplicar el efecto de su estrategia. De hecho, recientemente, hemos asistido atónitos a la aparición de una nueva figura en el ámbito judicial: el fiscal-defensor.
De nuevo, desde estas modestas líneas, no me queda más remedio que apelar (quizá inútilmente) a la inteligencia de la sociedad, y a que veamos con un espíritu crítico y razonable los acontecimientos que se suceden a nuestro alrededor. De esa manera, quizá consigamos descifrar alguno de ellos.
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