¡Por fin se pusieron de acuerdo sobre que es lo que hay que preguntar a los catalanes!. No parecía tan difícil, pero lo era, especialmente si lo que se pretende es redactar una pregunta que favorezca los intereses de una de las partes implicadas.
Ahora bien, lo que me parece más destacable de todo este asunto es la vehemencia que han demostrado muchos políticos, que dicen ser demócratas, a la hora de oponerse a que se pregunte a la ciudadanía algo. ¿Por qué tenemos que tener ese pánico a preguntar y conocer la opinión de los ciudadanos?. Pretenden que la democracia se convierta en un teatro en el que un grupo de políticos obtiene una carta blanca cada cuatro años para hacer lo que les dé la gana.
Si en este país, o como quieran llamarlo, queremos progresar en democracia, lo primero que debemos hacer es fomentar todo tipo de consultas populares, es decir, que sean los propios ciudadanos los que manifiesten sus opiniones y que luego sean los políticos quienes encaucen esas ideas y sentimientos con las leyes oportunas. Suena demasiado idílico; pero deberíamos intentar que las cosas funcionasen de este modo.
Pero igual que llama mucho la atención, la fiereza con la que algunos líderes políticos han respondido a la posible convocatoria de un referéndum en Cataluña sobre su eventual relación con el resto de España; tampoco podemos ser ingenuos, pues estoy convencido que los que ahora se rasgan las vestiduras en plaza pública por culpa de que no se permita votar a los catalanes, serían capaces de defender a continuación la improcedencia de muchas otras consultas populares que pudieran ser contrarias a sus intereses. Es decir, que conociendo el terreno nos pisa (nuestra ibérica clase política), la defensa del derecho a decidir tan solo depende de la conveniencia particular sobre lo que se pueda dilucidar en una votación popular.
Nos falta mucha cultura democrática para permitir que el pueblo se exprese libremente.
Personalmente pienso que cualquier referéndum es bueno. Ahora bien, hay que saber calibrar sus consecuencias, pues sus resultados pueden no tener encaje legal, como es el caso de la eventual independencia catalana, a nadie creo que se le escapa que dicha declaración es incompatible con el actual marco jurídico y legal español. En estos casos lo que hay que hacer es determinar las leyes que se deben cambiar para compatibilizar, si es posible, el deseo de una mayoría de ciudadanos con la legislación pertinente.
Pongamos por caso (nada hipotético, por cierto), que un pueblo español decide que la plaza del pueblo cambie de nombre, y se convoca una votación en el mismo; y el nombre elegido es Francisco Franco. Evidentemente es democrático, y yo no estoy en contra ni siquiera de este tipo de votaciones; pero el resultado del mismo es afortunadamente (y por ahora) ilegal. Probablemente el resto del país no estaría de acuerdo en cambiar la ley que permita que los habitantes de un pueblo llamen a su plaza Francisco Franco.
Este simple razonamiento es perfectamente aplicable al caso de Cataluña y su posible independencia.
Por cierto, que una de las primeras cosas que habría que cambiar en caso de que se decidiese continuar por la senda de la independencia es el artículo 8 de la Constitución, no sea que nos metamos en un jardín al que ninguno queremos entrar, y no he escuchado a casi nadie decirlo....."Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".
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