ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Pero como sucede tantas veces en la vida, con frecuencia las ramas no nos dejan ver el bosque. Y en este caso el bosque es grande de verdad.

Según las normas de convivencia que nos hemos impuesto, y con las que estamos una gran mayoría de acuerdo, los ciudadanos tenemos una serie de derechos básicos y en principio inquebrantables. Entre estos derechos, el Estado nos garantiza la privacidad de nuestras comunicaciones, eso quiere decir que nadie nos va abrir las cartas, ni va a espiar en nuestro correo electrónico, ni va a escuchar nuestras conversaciones telefónicas. Pero como en tantas otras circunstancias en la vida, para esta también existen excepciones.

Existen una serie de circunstancias en las que se autoriza a las fuerzas policiales a intervenir las comunicaciones de un individuo. Habitualmente esta situación se da en los casos de sospecha de delitos en los que no existen suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad de un presunto delincuente. El mecanismo para lograr esta autorización parece ser complejo y de numerosos recovecos legales, es por eso que en la mayoría de juicios (tal y como estamos viendo en estas semanas) las defensas intentan anular estas pruebas. En muchos casos lo consiguen.

Me parece bien que se garanticen nuestros derechos elementales, incluso en las situaciones más extremas. Es la mejor manera de que no se introduzcan excepciones en el Estado de Derecho, porque cuando esto sucede....bueno, los ejemplos son regímenes pseudodemocráticos como el italiano o el venezolano (otro día hablaremos sobre las similitudes de este tipo de gobernantes). Con esto quiero decir, que me parece bien que alguien se libre de ir a la cárcel porque las pruebas que demostraban su culpabilidad no reunían las condiciones que exige un riguroso sistema legal de protección de la inocencia. Esta es la esencia del sistema judicial en los países democráticos. Es decir, que para meter a alguien en la cárcel, el Estado quiere saber que existen pruebas de la culpabilidad de ese sujeto y de que estas han sido obtenidas en condiciones de garantía.

La tecnología actualmente avanza a gran velocidad en todas direcciones. Sin duda las comunicaciones entre las personas es uno de los campos donde más rápidamente lo hace, pero los leyes son esencialmente lentas en cuanto a su aprobación y desarrollo. Por tanto, resulta inevitable que las leyes avancen muy por detrás de las posibilidades tecnológicas. Este axioma es aplicable en ambas direcciones, tanto en lo que hace referencia al tipo de instrumentos empleados en la comunicación como en los medios disponibles para interceptarlas. Probablemente esta sea la causa que hace que existan numerosos vacíos legales cuando se interceptan comunicaciones entre presuntos delincuentes. Y como nuestro sistema opta en caso de duda por garantizar los derechos elementales del individuo, pues sucede que con frecuencia dichas intervenciones son anuladas y por tanto no tenidas en cuenta durante los juicios. Eso provoca en algunas circunstancias que delincuentes confirmados con dichas pruebas sean absueltos a pesar de la evidencia de su culpabilidad. Dependiendo del tipo de delito juzgado esto puede ser difícil de digerir por los ciudadanos de a pie. Pero, en fin, son las normas y hemos de acatarlas: Mejor 100 culpables en la calle que un inocente en la cárcel.

En estos azarosos días que vivimos conviene recordar estas cosas, porque nos toca tragar con frecuencia las bilis que se nos vienen a la boca cuando vemos, oímos o leemos los noticiarios. Es muy duro asimilar que tipos como Correa y todos los que le rodean puedan quedar en libertad porque las pruebas de sus delitos queden anuladas por unos jueces que en ocasiones tienen unas dudosas relaciones políticas...Pero son las normas de juego, y hemos de acatarlas aunque sea duro.

Ahora bien, hay algo que me parece verdaderamente increíble en todo este juego: Hay tipos como Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, al que se le han grabado conversaciones cuando menos sugestivas de que su actuación no ha sido todo lo ética o moral que se debía suponer a un personaje de su representatividad pública. Me parece bien que sus abogados intenten que el President no vaya a la cárcel anulando las pruebas que parecen acusarle, y si lo consiguen pues a los ciudadanos de a pie nos tocará mordernos una vez más los nudillos. Como decía antes, son las normas de juego y hemos de acatarlas. Pero de ahí a jalear la inocencia de tipos de dudosa reputación como han hecho algunos de sus compañeros de partido, me parece que hay un trecho intolerable para cualquier inteligencia media.

Incluso entre las personas que pueden ser consideradas como afines ideológicamente al polémico President, (y me refiero a las posiciones políticas, no que haya gente que aplauda sus presuntos delitos), hay muchos que han adoptado la causa de la inocencia del Señor Camps y sus compinches  como algo personal. Es decir, que la anulación de las pruebas para ellos es una demostración indiscutible de la honorabilidad de su héroe político, y como tal le defienden de los enemigos. Demencial. Yo jamás sería capaz de votar a un personaje de esta calaña. Por el mismo motivo por el que jamás votaría a Alfonso Guerra, aunque nunca fue encontrado culpable de ningún delito.

Supongamos que esas escuchas consideradas ilegales por un juez (aunque sea ese que decía ser amigo íntimo del juzgado), y que han sido publicadas por diversos medios y diversos intereses demuestran de manera clara que el President cometió algunos delitos contra la propiedad pública. Pues me parece bien que la anulación de esas pruebas le permita librarse de la cárcel. Pero la sociedad no puede tolerar que tipos como este salgan pregonando su inocencia por el simple motivo de que no ha podido demostrarse su culpabilidad de un modo judicialmente sólido. Tampoco debe permitirse a sus correligionarios que saquen pecho e intenten meter en la cárcel al juez que intentó sacar esas pruebas adelante. 

En resumen, que un representante público en estas circunstancias, aunque judicialmente sea definido como no-culpable, debería abandonar de manera inmediata cualquier puesto de responsabilidad pública, y desaparecer de nuestra vista para así poder disfrutar tranquilamente del capital robado. Pero esto no parece suceder así en nuestro país, y encima parece existir el recohineo de restregarnos en las narices el "éxito" de personajes de esta calaña. 

Es más, a muchos se les sigue votando y otorgando cargos públicos de responsabilidad. NO LO ENTIENDO. No es sólo meter al zorro en el gallinero sino que además se le cocinan las gallinas y se le pone la mesa con un buen vino en copa de oro. Y es que finalmente se confirma que tenemos lo que nos merecemos. 

Y no parece que seamos capaces de aprender de nuestros errores