Es evidente que la Justicia es básica para que una sociedad funcione correctamente, en especial si dicha sociedad pretende al menos tener la apariencia de democrática.
Muchos males asolan la Justicia española, pero hoy nos ocuparemos de una reforma que me parece simple, y a la vez enormemente eficaz, y con la que una inmensa mayoría de ciudadanos creo que estaríamos de acuerdo.
Todos los días estamos viendo en los diversos medios de comunicación como multitud de personas con responsabilidades públicas (políticos) son acusados de corrupción. Se nos ofrecen diversos detalles de sus presuntos actos delictivos, y muchos de ellos acaban imputados en supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, etc, etc, etc.
Los involucrados en dichos presuntos delitos exhiben un archiconocido menú de excusas para evitar verse implicados en dichos escándalos, y finalmente nadie asume responsabilidades en forma de dimisiones, ,nadie ofrece explicaciones creíbles, y todos tratan de escurrir el bulto.
Normal, si el juicio por dichos actos llega a producirse, esto sucede varios años después de los hechos, muchos han prescrito, nadie se acuerda ya de lo que se juzgaba, y el foco de atención social suele estar puesto en otro lugar. Y por si todo esto falla, siempre queda el recurso de los indultos.
Considero razonable que los cargos electos gocen de una justicia alternativa, pues de lo contrario, corremos el riesgo de judicializar casi cualquier decisión política. Es un buen mecanismo de defensa; Por ello los diputados son aforados y tan solo pueden ser juzgados por tribunales superiores. Ahora bien, transformar esto en impunidad ante los desmanes cometidos por nuestros políticos, tal y como sucede en la actualidad, es un disparate que no podemos permitirnos.
Por otro lado, asumir la imputación de un cargo electo como sinónimo de su dimisión, también es un arma peligrosa. Pues todos sabemos los navajazos traperos que se pueden repartir entre nuestra clase política y como los jueces en muchas ocasiones admiten imputaciones, dejémoslo en discutibles. Es decir, que igualar imputación en un delito con la dimisión de un cargo electo es una puerta peligrosa para convertir nuestra política cotidiana en un absurdo ir y venir a los tribunales de justicia.
Pero por contra, el actual estado de cosas en el que delitos flagrantes quedan aparentemente impunes y los atribulados ciudadanos debemos soportar las burlas de los presuntos delincuentes, constituye probablemente uno de los más graves atentados contra nuestro estado de derecho.
La solución a todas estas cuestiones me parece de lo más sencilla y obvia: Cuando un político es imputado en un acto delictivo, ha de ser juzgado en un breve plazo, que no debería superar nunca los tres meses.
De este modo, se consigue disponer de una sentencia judicial, que no solo obligue al condenado a presentar su dimisión, sino que se acompañe de la obligación de abandonar cualquier actividad pública de forma automática; además de todas las responsabilidades asociadas al delito, como pueden ser condenas penales, devolución de los dineros ilegalmente apropiados, etc. Es decir, un cargo público condenado por un juez sería de manera automática expulsado de cualquier cargo público que ocupara.
Es evidente que para esta reforma se precisa de la creación de algún tipo de juzgado específico, que me parece algo perfectamente asumible por la sociedad; y por supuesto dejar abierta la puerta a los recursos pertinentes que la ley permita, pero eso si, desde una sentencia judicial condenatoria.
Las ventajas de este mecanismo me parecen numerosas, y una de las más destacables sería que los políticos tendrían más temor a cometer actos ilegales pues la impunidad de dichos actos se vería claramente reducida; y ya sabemos lo que decía el viejo refrán acerca del miedo y el guardado de la viña.
En fin, pero de nuevo nos enfrentamos al mismo problema:
Quienes deben aprobar este tipo de leyes son los perjudicados por las mismas.....
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